Expertos plantearon aplicar políticas públicas bajo criterios ecológicos sociales, económicos y medioambientales, además de invertir en apoyo técnico y destinar recursos a seguros agrícolas.
Durante el foro Los Retos del Desarrollo Rural Sustentable en las Zonas Áridas. La Regionalización de las Políticas Gubernamentales, realizado en la Cámara de Diputados, el investigador Martín Martínez Salvador, de la Universidad Autónoma Chapingo, explicó que más del 50% del territorio mexicano pertenece a la región árida y más de 50 mil comunidades la habitan con múltiples usos y costumbres.
En este contexto, consideró necesario evaluar las políticas públicas a nivel local, así como crear sistemas de producción benéficos para todos, tomando en cuenta el manejo del agua y suelo, debido a que “no existe un esquema regulatorio del usuario del producto, con el recurso natural en términos de su conservación”.
El investigador Jorge Galo Medina Torres, de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, coincidió en retomar el tema de políticas públicas en estas zonas bajo criterios ecológicos, sociales, económicos y medioambientales.
Lo anterior, considerando que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de México “ha tenido una vida incierta e ineficiente”, debido a que no ha sido aplicada de manera completa e integral, además de que se carece de coordinación entre las secretarías de Estado para promover el desarrollo rural sustentable.
Al tomar la palabra, el profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, José Antonio Ávalos Lozano, destacó que los problemas de la agricultura de temporal se están convirtiendo en un asunto de seguridad nacional, debido a que es el sector más pobre de la población, el cual apenas sobrevive y padece cuestiones de carácter climático.
En este contexto, sugirió invertir en apoyo técnico, basado en una red nacional de alerta temprana de amenazas meteorológicas, climáticas y biológicas, así como destinar recursos a seguros agrícolas; porque “a pesar de que el gobierno ya cuenta con una estrategia en la ley que contempla estos aspectos, hace falta voluntad política”, agregó.
Por su parte, el director general del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Héctor Hugo Olivares Ventura, refirió que se deben promover estos aspectos acordes con las condiciones particulares de las zonas áridas y semiáridas; así como revalorizar la diversidad social, étnica, cultural, ecológica, territorial y sus potencialidades.
Asimismo, impulsar desde lo local, la regionalización de políticas gubernamentales orientadas al desarrollo de programas y proyectos viables de alto impacto. “Programas que no sean concebidos desde el escritorio, sino desde la experiencia de quienes ahí viven”, manifestó.
Podemos escuchar, pero eso no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica. Debemos racionalizar el problema de las zonas áridas, focalizar los recursos y transparentar su aplicación”, enfatizó el secretario de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, Jorge Tello López.
Por ello, resaltó que se requiere recorrer las comunidades para entender que se tiene que trabajar por la gente del campo, “ya que este tema se puede convertir en un asunto de seguridad nacional”.
El presidente de la Comisión de Ganadería, Oswaldo Cházaro Montalvo, refirió que las opiniones en el foro contribuirán a que se logre equilibrar el concepto de productividad y hacerlo compatible con el potencial que ofrecen las zonas áridas, por lo que reiteró el compromiso de trabajar en impulsar políticas públicas y programas, así como revisar el rediseño de temas relacionados con el desarrollo del campo y el bienestar social.
Fuente: Cámara de Diputados
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