La doctora María Guadalupe Huerta dijo que uno de los ejes centrales está relacionado con una estrategia de explotación de terrenos, predios y bienes, así como la transgresión de derechos de pueblos.
La investigadora y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), María Guadalupe Huerta Moreno, explicó que en los términos de la reforma energética se da un salto hacia atrás en la historia del país, porque al abrir de manera indiscriminada la industria energética a la inversión privada nacional y extranjera se modificará la contribución del sector a las finanzas públicas, al financiamiento de programas y se traducirá en fuente de conflictos sociales.
Lo anterior, debido a que uno de los ejes centrales descansa en lo que se ha denominado (en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de la Industria Eléctrica) como servidumbre legal, ocupación o afectación superficial referente a una estrategia de explotación de terrenos, predios y bienes, así como el quebrantamiento de derechos de pueblos y comunidades en beneficios de las empresas privadas.
Asimismo, como política pública de expropiación, el gobierno federal maneja preceptos de interés social y orden público que serán utilizados en contra de las comunidades, para que el capital privado nacional y extranjero pueda hacerse de enormes extensiones de tierra, costas y mares, refiere María Guadalupe Huerta, en su artículo Las leyes secundarias en el ramo energético y el despojo social, publicado en el libro Reformas estructurales. Privatización y despojo social.
Otro aspecto que destaca es que las obligaciones internacionales que a lo largo del tiempo adquirió el Estado mexicano con sus comunidades, se desdibujan con las leyes secundarias del ramo energético; además de que se transgreden ordenamientos nacionales e internacionales.
Por ejemplo, los lineamientos establecidos en los artículos I, II y IV de la Ley de Desarrollo Sustentable, en los que se habla del reconocimiento gubernamental de la vulnerabilidad del sector rural y la necesidad de llevar a cabo acciones que permitan elevar la calidad de vida de las poblaciones ejidales y comunales; mientras que en el panorama internacional, se pasan por alto principios fundamentales del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes.
Por tal motivo, la doctora consideró que la reforma energética y sus leyes secundarias representan para México la pérdida de la soberanía en ese sector de la economía, el quebranto de las finanzas públicas y una cascada de impuestos que afectará a las clases medias y bajas, así como a las empresas de menor tamaño no vinculadas a dicha industria.
“En ese sentido tendrían que revisarse la reforma energética y sus leyes secundarias, pero la tarea es casi imposible en las condiciones económicas y políticas actuales, vinculadas a los grandes intereses internacionales”, manifestó.
Fuente: UAM
0 comments:
Publicar un comentario